Buscan avanzar con la primera auditoría externa a las cuentas municipales de Rafaela
El pasado año el Concejo local aprobó la realización de evaluaciones anuales sobre aspectos presupuestarios, patrimoniales, financieros y de gestión del Ejecutivo local. La pandemia obliga a acotar su alcance y se discute qué áreas serán las analizadas.
Luego varios períodos en los que, a pesar de no haber antecedentes de malos manejos de los recursos en los sucesivas administraciones justicialistas que gobiernan la ciudad desde hace 3 décadas, la oposición insistió con la creación de una instancia de control de esta naturaleza, finalmente impuso su mayoría absoluta (7 sobre 10 ediles, 6 de Juntos por el Cambio más otro de PDP en el Frente Progresista), en el 2019, y el proyecto vio la luz.
La Ordenanza votada faculta al Departamento Ejecutivo a “contratar el servicio de una auditoría externa a cargo de profesionales independientes” y la imputación presupuestaria que demande su ejecución. A su vez, el Cuerpo legislativo se reserva la selección de la mejor propuesta “teniendo en cuenta no sólo el costo del servicio sino también los antecedentes de los auditores”.
En cuanto a la recopilación de datos se establece que los auditores podrán recabar “información a los funcionarios municipales, incluido los Secretarios y el Intendente, consultar archivos electrónicos y en papel, y todo documentación necesaria para lograr formarse la opinión de la auditoría”.
Finalmente, la norma municipal determina que el servicio debe ser “contratado como mínimo con seis meses de anticipación al cierre del ejercicio anual” y que al final “deberá brindar un informe pormenorizado, que deberá ser presentado ante el Concejo y el Departamento Ejecutivo”
De todas maneras, lo que está claro es que no será el mejor debut de la auditoría externa porque la pandemia de coronavirus, por un lado, hizo que se esté al límite con los tiempos estipulados en la Ordenanza y, por otro, que tal vez los recursos no sean los adecuados para llevar a cabo un trabajo integral que abarque a todas las reparticiones sensibles de análisis.
Al respecto, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia municipal, Cecilia Gallardo, expresó “todavía estamos a tiempo del cumplimiento de la ordenanza”, y a tal efecto se reunió el pasado martes con los concejales para avanzar y consensuar los alcances que tendrá esta primera experiencia, que se verá fuertemente condicionada.
“Entendemos que es algo que se tiene que hacer, pero pensamos un esquema en el marco de la pandemia, por ese motivo nos demoramos en la búsqueda de precios. La idea es ver si se pueden determinar etapas y acotar las áreas. Nosotros tenemos eso delineado, se lo trasladamos a los concejales y ahora ellos tienen la facultad de seleccionar”, señaló la funcionaria.
A su vez, Gallardo reveló que “el presupuesto destinado a la Auditoría es de 224.000 pesos. Nuestra idea es por ende hacer un concurso público de precios y que el Concejo pueda participar”.
Pero en el primer intercambio saltaron las diferencias entre ediles opositores y oficialistas porque mientras los primeros, a la vez que reclaman que el Ejecutivo reglamente la Ordenanza, sostienen que es el Concejo el que debe definir por dónde empezar, los temas a auditar e iniciar el llamado a licitación, por su parte el bloque peronista afirma que no está establecido en la norma que el Concejo tiene a su cargo definir qué se debe auditar.
Así planteado el tema, hoy por hoy, la realización de la auditoría en el corriente año está en una nebulosa y se deberá apelar a la buena voluntad de todas las partes para llevarla adelante.
De lo que no caben dudas es que la oposición tiene los votos necesarios para decidir el formato y forzar su concreción, pero la auditoría finalmente puede naufragar si el Ejecutivo persiste en su intención de fijar su modalidad.
