La pelea interna en Hurlingham entre La Cámpora y Zabaleta expuso la discrecionalidad con que se manejan los fondos municipales; el jefe comunal que tiene un “básico” de $1.200.000
El enfrentamiento político entre La Cámpora y el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, ya es catalogado como el “culebrón del verano” en territorio bonaerense. Pese a que es una pelea de pago chico, impacta en la interna del Frente de Todos, la coalición gobernante. Y también refleja viejas prácticas sobre el manejo de los fondos públicos, que saltan las fronteras del distrito y se desparraman por todo el conurbano, donde los “sobresueldos” que cobran intendentes y funcionarios municipales están a la orden del día.
La punta del iceberg salió a la superficie días atrás, cuando la administración de “Juanchi” Zabaleta dejó trascender que su antecesor Damián Selci -un joven dirigente camporista que encabezó un interinato mientras el intendente estuvo en el gabinete de Alberto Fernández- cobraba un 40 por ciento extra en su sueldo como jefe comunal por medio de “módulos de capacitación”, que le redondeaban una retribución de un millón de pesos mensuales. Y que lo mismo había sucedido con otra veintena de funcionarios políticos.
El escándalo de Hurlingham no es tomado como tal en La Cámpora. A tal punto, que en la organización que lidera Máximo Kirchner expandieron la práctica de inflar los salarios municipales, también entre las categorías de los empleados, utilizando los “módulos” de la polémica. Por eso, cuando Zabaleta regresó al distrito, en noviembre pasado, tuvo que afrontar una protesta de los trabajadores locales a los que se les había recortado una porción sustancial de sus sueldos. Y el jefe comunal tuvo que dar marcha atrás con esa medida.
Pero más allá de Hurlingham, un distrito pequeño que no tiene más de 250.000 habitantes pero adquiere una curiosa relevancia en el mapa político del conurbano, la práctica del “sobresueldo” está instituida en todo el Gran Buenos Aires. No se los puede equiparar a los históricos pagos del menemismo, que apelaba al financiamiento “en negro” que surgía de cajas como la exSIDE (ahora AFI), pero casi todos los intendentes perciben sueldos que engloban un básico y agregados que les posibilitan duplicarlos y hasta triplicarlos.
Un caso llamativo es el de Mario Secco, el intendente de Ensenada, un distrito que en su presupuesto para este año dispone de 14.673.446,45 de pesos para el sueldo del jefe comunal. La cuenta es sencilla: con esos fondos aprobados por el Concejo Deliberante, Secco contará con 1.222.787 de pesos mensuales de salario básico -reforzado por un decreto que él mismo firmó- sin contar los rubros agregados, como el de antigüedad, que en su caso es muy importante porque lleva cinco mandatos consecutivos (casi 20 años), lo que llevaría sus ingresos a más de dos millones de pesos mensuales.
“Muchos intendentes creen que son libres de hacer lo que quieren”, se quejan en el sindicato de empleados municipales, que desde 2015 tiene a su favor la ley provincial 14.656 que obliga a los jefes comunales a sentarse a la mesa de negociación paritaria al menos una vez al año, aunque solo 77 de los 135 municipios bonaerenses cumplen esa normativa. En particular, la reticencia a dialogar con los gremialistas se verifica en la Tercera Sección Electoral (sur y oeste del conurbano), precisaron las fuentes consultadas por este medio.
Pesos, no Patacones ni Lecop
En esa región del conurbano hay dos distritos claves en los que se asienta el poderío electoral del peronismo bonaerense. Uno de ellos es La Matanza, donde el intendente Fernando Espinoza tiene un salario de 489.386 pesos mensuales según informó oficialmente el municipio, un monto llamativamente bajo por tratarse del municipio más grande del país, en tamaño territorial y cantidad de población. Una particularidad del recibo de sueldo de Espinoza es que aclara que la retribución es en pesos y no en “Patacones” ni en “Lecop”. Rémoras burocráticas de un pasado turbulento.
El otro distrito históricamente relevante en la Tercera Sección es Lomas de Zamora. En ese municipio que controla políticamente Martín Insaurralde, la intendenta Marina Lesci va a ganar este año $1.200.000 mensuales, el equivalente a 22 sueldos básicos de un trabajador municipal, según lo aprobado por el Concejo Deliberante local. Además, las ordenanzas complementarias del presupuesto 2023 establecieron rubros extra para pagarle a los funcionarios políticos lomenses, tales como dedicación y exclusividad laboral.
En Berazategui, en tanto, nadie puede afirmar a ciencia cierta cuánto gana el intendente Juan José Mussi, uno de los pocos barones del conurbano que le van quedando al PJ bonaerense. Los concejales de la oposición no consiguen acceder a información que, en rigor, debería ser pública, ni siquiera luego de presentar denuncias ante el Tribunal de Cuentas provincial. Aunque algunas estimaciones indican que el veterano alcalde tendría un sueldo básico de $880.000, que aumentaría sustancialmente con el rubro de antigüedad.
En la Primera Sección Electoral (norte y noroeste del conurbano), la región que integra Hurlingham, aparecen varios de los distritos más pobres del país. Entre ellos, José C. Paz, Merlo -donde los empleados municipales cobran un salario básico que no llega a $25.000- y Moreno, que desde 2019 gobierna Mariel Fernández, alineada con el Movimiento Evita y de buena sintonía con La Cámpora. La jefa comunal gana cerca de $1.100.000 por mes, si se engloba el sueldo base con los rubros agregados, deslizaron fuentes locales.
El caso testigo
La controversia respecto de los “sobresueldos” que cobran los funcionarios políticos en el conurbano suele mantenerse acallada al interior de los distritos, porque la dirigencia -de las distintas fuerzas- tiene presente que los ciudadanos destilan bronca cuando se enteran lo que ganan sus representantes. Sin embargo, en Hurlingham se traspasó esa ley no escrita porque el enfrentamiento interno entre La Cámpora y Zabaleta superó todos los límites, a tal punto que Juntos por el Cambio se mantiene al margen de la polémica.
Consultados por LA NACION, voceros del exintendente interino Selci negaron que durante su gestión haya cobrado “sobresueldos”, pero admitieron que tanto él como otros funcionarios políticos tenían integrados en sus recibos “módulos de capacitación” que, en definitiva, aumentaban la suma percibida. Un jefe comunal de otro distrito atribuyó a la “inexperiencia” de gestión de los jóvenes camporistas esa práctica: “Un intendente nunca le daría módulos a un secretario”, aseguró en tono autosuficiente el alcalde del PJ.
Sin embargo, el intendente no cargó contra los funcionarios que tomaron la gestión de Hurlingham mientras Zabaleta se desempeñaba como ministro de Desarrollo Social. “Hay que recordar que los legisladores provinciales de La Cámpora entregaban el 50 por ciento de sus dietas a la orga. Es presumible que estos chicos hicieran lo mismo desde un municipio”, razonó. Y dijo que esa práctica podría extenderse a cargos territoriales de PAMI y ANSES. Pero no reparó en que el financiamiento de la política se hace con fondos públicos.
