Mientras se discute el futuro del trabajo en la Argentina, el Gobierno avanza con el cierre de delegaciones de la Secretaría de Trabajo y más de 1.600 despidos en todo el país.
No es un dato aislado.
Es una decisión política que impacta directamente en la vida de las y los trabajadores.
Las agencias territoriales son una de las primeras instancias estatales al que se recurre ante un conflicto laboral, un despido o una vulneración de derechos. Su cierre implica menos acceso, menos control y menos Estado donde más se lo necesita.
Desde nuestro lugar, repudiamos este avance que debilita las herramientas de defensa del trabajo y pone en riesgo la presencia estatal en todo el país.
Defender el trabajo también es defender las instituciones que lo garantizan.
